Aunque quedan muchos detalles por conocer, el Gobierno ya entregó los principales puntos de su esperada propuesta de reforma de pensiones, que introduce cambios a la industria y agrega un componente adicional.
¿Cuál es la estructura que se propone? Un sistema donde la base seguirá siendo la Pensión Garantizada Universal, donde -de hecho- se espera aumentar los montos, a través de la reforma tributaria.
El segundo pilar seguirá siendo el componente de capitalización individual, con un aporte del 10,5% de cada trabajador, donde ya se introduce un cambio: la gestión de las cuentas queda a cargo de un organismo estatal, pero la administración de las inversiones a elección.
Se terminan las AFP como las conocemos hasta ahora, se transforman en inversionistas privados, y competirán con inversionistas estatales.
La segunda gran modificación de este proyecto: un 6% de cotización adicional, que -en este caso- irá una cuenta de “seguro social”.
Con este cambio en la estructura, el economista David Bravo, que presidió la última comisión presidencial en esta materia, dice que Chile se acerca a modelos como el de Suecia, pero que el carácter “mixto” del modelo, ya se había logrado con las pasadas reformas.
El cambio principal tiene que ver con la distribución de este 6% de cotización adicional, una discusión que tiene larga data en Chile, donde lo más cercano a un acuerdo fue destinar un 3% a solidaridad.
En este caso, todo se redirige a un componente de reparto pero que, en una lógica nocional, reconoce el ahorro individual de cada cotizante, pero beneficiando mayormente a las pensiones más bajas y mujeres.
Por esa razón, el ministro de Hacienda, Mario Marcel salió al paso de las críticas señalando que hay que poner la discusión en su contexto, donde es fundamental corregir las desigualdades del sistema.
Por otra parte, comentó el proyecto también el exministro de Hacienda, Ignacio Briones quien dijo que la importancia de un componente solidario NO está en duda, pero sí hay que discutir la fórmula.
A su juicio, la cotización con cargo al empleador sigue siendo un saldo que pagan los trabajadores, y vale la pena discutir si una fórmula más adecuada es el financiamiento de la PGU.